Territorio creativo

Hace 11 días hablamos en TcBlog de los retos de la administración pública y sus gestores, como el Open Government, y de cómo mejorar la escucha, la participación y la difusión. Hoy nos centraremos en los empleados públicos: identidad, relaciones y algunos ejemplos útiles.

La participación de los empleados públicos en las redes sociales es una cuestión hoy aparentemente indiscutible para el futuro de nuestras administraciones en términos tanto de motivación interna como de eficacia, eficiencia y calidad de la prestación del servicio a los ciudadanos.

No todas las organizaciones, sin embargo, saben de forma exacta cómo abordar dicha presencia. Incluso aquéllas que hace tiempo decidieron tener vida institucional clara en plataformas sociales y que, en teoría, han desarrollado una cultura corporativa 2.0, ven todavía hoy casi con terror el uso en la oficina de servicios como Twitter o Facebook. Otras, muchas, demasiadas… directamente lo restringen.

Fue Antonio Gramsci (1891-1937) el que a principios de los años 30 del pasado siglo declarara en sus estudios sobre la burocracia y sobre los bloques hegemónicos:

“Toda forma social y estatal nueva tiene la necesidad de un nuevo tipo de funcionario”.

Si atendemos a esta máxima y la liberamos de su enunciado más crítico, la pregunta es obvia: ¿qué tipo de gestor y de empleado público debe definir la Sociedad de la Información que ahora comenzamos a disfrutar?

No es seguro, de encontrarse en nuestra misma situación, lo que el genial pensador italiano habría contestado. Pero, probablemente, tendría mucho que ver con las habilidades, tareas y objetivos 2.0 que los servidores del Estado están llamados hoy a asumir en su relación con los ciudadanos.

Un político teme las críticas. Un gobierno, se esfuerza en acallarlas. Sólo la Administración se ha acostumbrado a vivir con ellas e, incluso, a ignorarlas. Como dijera de sí misma la actriz Mae West, “he perdido mi reputación, pero no la echo en falta”.

El servicio público se ha acomodado en su desprestigio llevado por una merma de la autoestima, la desconfianza en la organización e, incluso, la pérdida de fe de sus gestores y empleados en la sociedad para la que trabajan.

En ese contexto, y bajo la amenaza de recortes en el ámbito de las administraciones, ¿cómo reivindicar el buen funcionamiento y la buena imagen de ayuntamientos, comunidades autónomas y organismos estatales?

Quiso la indignación popular, exacerbada por ciertas carestías y prohibiciones varias (llevar capa y sombrero de ala ancha), que un mes de marzo de 1766 las calles de la capital de España se revolvieran al grito de “Viva el Rey, muera el mal Gobierno”.

Pretendían así los madrileños y algunos nobles descontentos renovar determinadas estructuras del Reino sin cuestionar con ello la legitimidad del monarca, Carlos III.

Con la debida distancia, y sin el tono y el fragor del momento, hay un  paralelismo entre aquella llamada a la “revolución sin revolución” y la exigencia de nuestros días de acometer una nueva modernización del Estado. Hoy, se demanda actualizar el funcionamiento de las administraciones sin cambiar sus prestaciones; se aspira a renovar sus estructuras sin limitar los beneficios sociales que éstas ofrecen.

Las elecciones municipales y autonómicas de este domingo han despejado una parte importante de la incógnita abierta a través de las Redes Sociales por el movimiento 15M y Democracia Real Ya. Los votantes, pese a las llamadas a la rebeldía y a la renovación del sistema, han apostado por la continuidad, por el mantenimiento del bipartidismo.

¿Sorpresa? ¿Decepción? Desde luego, hablar de fracaso sería injusto. Jamás en la historia reciente de España una iniciativa ciudadana organizada desde la Web y alimentada, básicamente, por internautas había tenido el impacto del nolesvotes y la Spanish Revolution.

Estemos, de hecho, ante el primer ensayo en el sur de Europa de un Parlamento 2.0. La duda es: ¿qué necesitarán a partir de ahora éste y otros movimientos similares en la Red para lograr sus objetivos? ¿Cambiará la forma de ver y de hacer política en nuestros países? ¿Estamos, de verdad, ante una nueva ciudadanía digital?

Las redes sociales no son una ciencia exacta. Habría que preguntarse, de hecho, si acaso deben aspirar a serlo. Más aún cuando, por encima de virtuosismos estadísticos y de manifiestos tecnológicos, lo que de verdad define su naturaleza es su funcionamiento tremendamente humano.

La evolución de los Social Media es, por ahora, un proceloso océano en el que no pocos expertos ya han naufragado. En el mundo de las administraciones, los gobiernos y la ciudadanía, ese espacio 2.0 ni siquiera está aún perfilado.

¿Su ROI? La respuesta está en el camino.

Hay historias cotidianas pero de gran transcendencia social que, simplemente, desaparecen porque detrás no ha habido un hombre curioso, un investigador convencido, un profesional comprometido con el derecho a la información que preguntara e indagara entre los informes oficiales… que exigiera que ciertos datos públicos sean eso, públicos.

Eso que actualmente llamamos información tiene cosas muy curiosas. Por ejemplo, que las mejores historias mueran casi siempre en un cajón, en un retazo de papel abandonado… Hay noticias que jamás se publican. A veces, por un “incomprendido” sentido de la responsabilidad periodística. Otras, bajo la presión del gabinete institucional de turno.

Pero hay historias que triunfan. Una de ellas se llama, de hecho, The Story, un blog tras el cual se esconde la mayor liberación de datos jamás emprendida por una institución pública de Irlanda.

Hace un par de semanas celebrábamos el quinto aniversario del primer “mash up”, y analizábamos cómo en tiempo récord como esta “mezcla” de datos de diversas fuentes para crear un nuevo servicio había transformado internet, y por ende la sociedad.

Quizá uno de los “hijos” (al menos en parte) más destacados de este fenómeno, auspiciado nada menos que por Tim Berners- Lee, el “inventor” de internet, y del que ya hemos hablado sea el “open government“.

Consiste en hacer disponibles a través de internet los datos gubernamentales, de tal manera que la opinión pública tenga verdadero conocimiento del trabajo de nuestros gobernantes, y en un formato estándar que pueda ser utilizado por desarrolladores de todo el mundo.