Territorio creativo

Millones de datos públicos comienzan a emerger, casi por arte de magia, de nuestras ciudades… de dentro mismo de nuestros gobiernos y administraciones. Se trata de información útil en términos de transparencia. Pero también de un poderoso tesoro comercial. El nuevo “oro” llamado Open Data y Big Data empieza a despertar el interés de las grandes empresas… pero también las dudas sobre nuestra capacidad futura para gestionar y proteger tan preciado tesoro.

El Archivo General de Indias es una de esas grandes fuentes de información mundiales. Declarada por la Unesco Patrimonio de la Humanidad, la institución fundada por Carlos III alberga en sus 8 kilómetros lineales de estanterías cuatro centurias completas de la Historia de España y de América.

Entre sus paredes, físicas y virtuales, yacen 43.000 legajos que contienen, a su vez, más de 80 millones de páginas y 8.000 mapas y dibujos. Estos fondos conservan, por ejemplo, los detalles con la ubicación aproximada y el cargamento exacto de las naves españolas naufragadas en algún punto del océano en el transcurso de los siglos: especias, telas… y metales preciosos. Son informaciones accesibles a, prácticamente, cualquier persona del mundo. Y lo son además de forma permanente, gratuita y, en muchos casos, a través de medios electrónicos y en formato digital.

Hace 11 días hablamos en TcBlog de los retos de la administración pública y sus gestores, como el Open Government, y de cómo mejorar la escucha, la participación y la difusión. Hoy nos centraremos en los empleados públicos: identidad, relaciones y algunos ejemplos útiles.

La participación de los empleados públicos en las redes sociales es una cuestión hoy aparentemente indiscutible para el futuro de nuestras administraciones en términos tanto de motivación interna como de eficacia, eficiencia y calidad de la prestación del servicio a los ciudadanos.

No todas las organizaciones, sin embargo, saben de forma exacta cómo abordar dicha presencia. Incluso aquéllas que hace tiempo decidieron tener vida institucional clara en plataformas sociales y que, en teoría, han desarrollado una cultura corporativa 2.0, ven todavía hoy casi con terror el uso en la oficina de servicios como Twitter o Facebook. Otras, muchas, demasiadas… directamente lo restringen.

Fue Antonio Gramsci (1891-1937) el que a principios de los años 30 del pasado siglo declarara en sus estudios sobre la burocracia y sobre los bloques hegemónicos:

“Toda forma social y estatal nueva tiene la necesidad de un nuevo tipo de funcionario”.

Si atendemos a esta máxima y la liberamos de su enunciado más crítico, la pregunta es obvia: ¿qué tipo de gestor y de empleado público debe definir la Sociedad de la Información que ahora comenzamos a disfrutar?

No es seguro, de encontrarse en nuestra misma situación, lo que el genial pensador italiano habría contestado. Pero, probablemente, tendría mucho que ver con las habilidades, tareas y objetivos 2.0 que los servidores del Estado están llamados hoy a asumir en su relación con los ciudadanos.

Quiso la indignación popular, exacerbada por ciertas carestías y prohibiciones varias (llevar capa y sombrero de ala ancha), que un mes de marzo de 1766 las calles de la capital de España se revolvieran al grito de “Viva el Rey, muera el mal Gobierno”.

Pretendían así los madrileños y algunos nobles descontentos renovar determinadas estructuras del Reino sin cuestionar con ello la legitimidad del monarca, Carlos III.

Con la debida distancia, y sin el tono y el fragor del momento, hay un  paralelismo entre aquella llamada a la “revolución sin revolución” y la exigencia de nuestros días de acometer una nueva modernización del Estado. Hoy, se demanda actualizar el funcionamiento de las administraciones sin cambiar sus prestaciones; se aspira a renovar sus estructuras sin limitar los beneficios sociales que éstas ofrecen.

Según un informe de CareerBuilder, en el año 2009, el 45% de los empleadores utilizaron Internet para contratar personal, de los cuales el 35% rechazó a posibles candidatos basándose en la  información que sobre ellos encontró en redes sociales, y que iba desde fotos inapropiadas hasta insultos contra sus antiguos jefes, o comentarios relacionados con un posible consumo de drogas.

Este pasado mes de agosto de 2010 asistimos a una iniciativa alemana consistente en prohibir -por ley- a los empresarios a utilizar, con fines de selección de personal, la información de la cuenta de Facebook de los candidatos, aunque no la alojada en otras redes de carácter profesional (tipo Linkedin o Xing), las cuales -como es lógico- el usuario busca, precisamente, difundir lo máximo posible con el fin de lograr un empleo.

Evidentemente, tal noticia fue largamente comentada, especialmente desde el punto de vista de su eficacia. En efecto, no cabe duda que, en la práctica, resulta casi imposible demostrar que tu negativa a ser contratado para un determinado puesto, o tu despido, han tenido algo que ver con el contenido de tu cuenta en una red social. La remota posibilidad de que en España se dictase una Ley similar a la alemana nos parecía absurda y descabellada, aunque bien es cierto que nadie duda del derecho (¿o deberíamos decir obligación?) de los empresarios a saber a quién están contratando en realidad. Nota mental: ¿contratarías tú a tu jefe?

Uno de los debates más intensos y, quizá, menos conocidos de cuantos se desarrollan actualmente en Internet es el que se refiere al desarrollo de nuevos modelos de Gobierno basados en el potencial de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC).

En esencia, la cuestión sobre la que deliberan miles de usuarios de todo el mundo es cómo hacer que, gracias a herramientas y fenómenos como las redes sociales, nuestras administraciones e instituciones sean cada vez más eficaces, más cercanas y más permeables a las inquietudes de los ciudadanos.

Uno de los lamentos más habituales de la Comunicación Pública es, con diferencia, la baja participación de los usuarios. Foros, blogs y encuestas languidecen en la web oficial mientras fuera, en el inmenso océano cibernético que se extiende más allá de la Administración, fluyen alegremente las recomendaciones, los comentarios y las opiniones.

En cierta forma, es difícil no asumir la responsabilidad del naufragio. Cuando políticos y gestores institucionales han decido confiar al fin en Internet, después de años de no pocos recelos, los ciudadanos han optado en el último momento por dejarnos a solas con nuestros indicadores, con todo el banquete ya pagado y con las caras aún estupefactas del Consejo de Dirección.

El anuncio del primer ministro David Cameron de suprimir el 75 por ciento de los portales públicos del Reino Unido ha abierto un nuevo frente de batalla en la Red. Para algunos, la medida forma parte de un proceso lógico destinado a racionalizar la presencia de las instituciones en la Web; otros, sin embargo, temen que con ella, y aprovechando la oleada de recortes en el viejo continente, comiencen a imponerse criterios exclusivamente economicistas y no sociales en el desarrollo del Gobierno y la Administración Electrónica.

Casualidad o no, este hecho coincide con la publicación en los últimos meses de distintos informes nacionales y europeos que muestran una curiosa paradoja: si bien crece espectacularmente el número de usuarios de Internet y, con él, la cantidad y calidad de los servicios públicos que las administraciones ofrecen online a sus ciudadanos, también aumenta progresivamente la desconfianza entre éstos y las primeras.