Territorio creativo

La historia de Internet no sería la misma sin las movilizaciones que, de Ucrania a Irán, pasando por Libia y Túnez, han sacudido en estos últimos meses y años la conciencia de medio mundo gracias o con la ayuda decidida de las redes sociales. Es conocido el papel que ha jugado y sigue jugando la red de redes para la organización y difusión de las acciones de plataformas cívicas como el 15M u Occupy Wall Street.

Sin embargo, el precedente más destacado de todas ellas es, sin duda, el que hace ahora cuatro años y medio se gestó a partir de Facebook. Se trata del Movimiento del 6 de abril, uno de los pilares fundamentales de la revolución egipcia y de la llamada Primavera árabe.

Millones de datos públicos comienzan a emerger, casi por arte de magia, de nuestras ciudades… de dentro mismo de nuestros gobiernos y administraciones. Se trata de información útil en términos de transparencia. Pero también de un poderoso tesoro comercial. El nuevo “oro” llamado Open Data y Big Data empieza a despertar el interés de las grandes empresas… pero también las dudas sobre nuestra capacidad futura para gestionar y proteger tan preciado tesoro.

El Archivo General de Indias es una de esas grandes fuentes de información mundiales. Declarada por la Unesco Patrimonio de la Humanidad, la institución fundada por Carlos III alberga en sus 8 kilómetros lineales de estanterías cuatro centurias completas de la Historia de España y de América.

Entre sus paredes, físicas y virtuales, yacen 43.000 legajos que contienen, a su vez, más de 80 millones de páginas y 8.000 mapas y dibujos. Estos fondos conservan, por ejemplo, los detalles con la ubicación aproximada y el cargamento exacto de las naves españolas naufragadas en algún punto del océano en el transcurso de los siglos: especias, telas… y metales preciosos. Son informaciones accesibles a, prácticamente, cualquier persona del mundo. Y lo son además de forma permanente, gratuita y, en muchos casos, a través de medios electrónicos y en formato digital.

Las elecciones municipales y autonómicas de este domingo han despejado una parte importante de la incógnita abierta a través de las Redes Sociales por el movimiento 15M y Democracia Real Ya. Los votantes, pese a las llamadas a la rebeldía y a la renovación del sistema, han apostado por la continuidad, por el mantenimiento del bipartidismo.

¿Sorpresa? ¿Decepción? Desde luego, hablar de fracaso sería injusto. Jamás en la historia reciente de España una iniciativa ciudadana organizada desde la Web y alimentada, básicamente, por internautas había tenido el impacto del nolesvotes y la Spanish Revolution.

Estemos, de hecho, ante el primer ensayo en el sur de Europa de un Parlamento 2.0. La duda es: ¿qué necesitarán a partir de ahora éste y otros movimientos similares en la Red para lograr sus objetivos? ¿Cambiará la forma de ver y de hacer política en nuestros países? ¿Estamos, de verdad, ante una nueva ciudadanía digital?

La idea de una sociedad más dinámica, más próspera y más justa ha sido siempre el pilar ético sobre el que se han asentado y justificado revoluciones como la que hoy se está desarrollando en el marco de las nuevas tecnologías.

Estos días, sin embargo, el discurso que a pie de calle y a golpe de tuit parece acompañar mayoritariamente a cada nuevo invento, a cada nuevo avance producido en el seno de dicha revolución, es el de quienes se muestran más deslumbrados por la innovación en sí misma que por sus verdaderas aplicaciones humanas.

Esa concepción lúdica del progreso, aunque relativamente necesaria, suele obviar que fuera de nuestro hogar digital y de nuestra tecnificada oficina de Hong Kong o de Nueva York las transformaciones sociales no se miden, por el momento, en  número de blogs, dispositivos móviles o aplicaciones electrónicas disponibles.

Uno de los debates más intensos y, quizá, menos conocidos de cuantos se desarrollan actualmente en Internet es el que se refiere al desarrollo de nuevos modelos de Gobierno basados en el potencial de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC).

En esencia, la cuestión sobre la que deliberan miles de usuarios de todo el mundo es cómo hacer que, gracias a herramientas y fenómenos como las redes sociales, nuestras administraciones e instituciones sean cada vez más eficaces, más cercanas y más permeables a las inquietudes de los ciudadanos.

Uno de los lamentos más habituales de la Comunicación Pública es, con diferencia, la baja participación de los usuarios. Foros, blogs y encuestas languidecen en la web oficial mientras fuera, en el inmenso océano cibernético que se extiende más allá de la Administración, fluyen alegremente las recomendaciones, los comentarios y las opiniones.

En cierta forma, es difícil no asumir la responsabilidad del naufragio. Cuando políticos y gestores institucionales han decido confiar al fin en Internet, después de años de no pocos recelos, los ciudadanos han optado en el último momento por dejarnos a solas con nuestros indicadores, con todo el banquete ya pagado y con las caras aún estupefactas del Consejo de Dirección.

El anuncio del primer ministro David Cameron de suprimir el 75 por ciento de los portales públicos del Reino Unido ha abierto un nuevo frente de batalla en la Red. Para algunos, la medida forma parte de un proceso lógico destinado a racionalizar la presencia de las instituciones en la Web; otros, sin embargo, temen que con ella, y aprovechando la oleada de recortes en el viejo continente, comiencen a imponerse criterios exclusivamente economicistas y no sociales en el desarrollo del Gobierno y la Administración Electrónica.

Casualidad o no, este hecho coincide con la publicación en los últimos meses de distintos informes nacionales y europeos que muestran una curiosa paradoja: si bien crece espectacularmente el número de usuarios de Internet y, con él, la cantidad y calidad de los servicios públicos que las administraciones ofrecen online a sus ciudadanos, también aumenta progresivamente la desconfianza entre éstos y las primeras.