Territorio creativo

No hay que ser un sabio para entender de datos públicos. Y, sin embargo, ha tenido que ser el avezado propietario de una heladería de Estados Unidos el que hace ahora un año y medio explicara con su caso qué es exactamente y para qué sirve el Open Data.

Su comercio, situado junto a una concurrida estación de Boston, luce en su interior un sencillo panel que muestra en tiempo real las frecuencias de llegada y de salida de cada línea de autobús. Sus clientes entran allí todos los días con la tranquilidad de saber que no sólo tomarán sin problemas el transporte urbano sino que, además, lo harán con el apetito saciado.

Lo relevante de todo ello es que las informaciones que dan vida a esta historia son públicas, están siempre actualizadas, son gratuitas, fiables, muy sencillas de entender y están al alcance de cualquiera a través de Internet.

Uno de los debates más intensos y, quizá, menos conocidos de cuantos se desarrollan actualmente en Internet es el que se refiere al desarrollo de nuevos modelos de Gobierno basados en el potencial de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC).

En esencia, la cuestión sobre la que deliberan miles de usuarios de todo el mundo es cómo hacer que, gracias a herramientas y fenómenos como las redes sociales, nuestras administraciones e instituciones sean cada vez más eficaces, más cercanas y más permeables a las inquietudes de los ciudadanos.

Uno de los lamentos más habituales de la Comunicación Pública es, con diferencia, la baja participación de los usuarios. Foros, blogs y encuestas languidecen en la web oficial mientras fuera, en el inmenso océano cibernético que se extiende más allá de la Administración, fluyen alegremente las recomendaciones, los comentarios y las opiniones.

En cierta forma, es difícil no asumir la responsabilidad del naufragio. Cuando políticos y gestores institucionales han decido confiar al fin en Internet, después de años de no pocos recelos, los ciudadanos han optado en el último momento por dejarnos a solas con nuestros indicadores, con todo el banquete ya pagado y con las caras aún estupefactas del Consejo de Dirección.

El anuncio del primer ministro David Cameron de suprimir el 75 por ciento de los portales públicos del Reino Unido ha abierto un nuevo frente de batalla en la Red. Para algunos, la medida forma parte de un proceso lógico destinado a racionalizar la presencia de las instituciones en la Web; otros, sin embargo, temen que con ella, y aprovechando la oleada de recortes en el viejo continente, comiencen a imponerse criterios exclusivamente economicistas y no sociales en el desarrollo del Gobierno y la Administración Electrónica.

Casualidad o no, este hecho coincide con la publicación en los últimos meses de distintos informes nacionales y europeos que muestran una curiosa paradoja: si bien crece espectacularmente el número de usuarios de Internet y, con él, la cantidad y calidad de los servicios públicos que las administraciones ofrecen online a sus ciudadanos, también aumenta progresivamente la desconfianza entre éstos y las primeras.

Una buena imagen no garantiza, por sí misma, el éxito de ningún proyecto. Pero no hay duda, al menos en Internet, de que un mal diseño o una estructura tediosa y aburrida será la vía más rápida para que nuestro sitio nunca triunfe, por muy notables que sean sus contenidos.

El incumplimiento de este principio, tan obvio como antiguo, es sin embargo el que lastra la proyección de miles de webs públicas de todo el mundo. Más aún: el dibujo lejano, poco sugerente y excesivamente institucionalizado que todavía hoy ofrecen muchos de estos portales constituye una de las principales causas de la desconfianza que separa a ciudadanos y administraciones.

Un ejemplo: hasta el 33 por ciento de los internautas de Estados Unidos prefiere informarse actualmente de lo que hacen sus agencias estatales a través de las redes sociales antes que por medio de los correspondientes sitios, según un reciente estudio del Centro Pew de Investigación.