Territorio creativo

La idea de una sociedad más dinámica, más próspera y más justa ha sido siempre el pilar ético sobre el que se han asentado y justificado revoluciones como la que hoy se está desarrollando en el marco de las nuevas tecnologías.

Estos días, sin embargo, el discurso que a pie de calle y a golpe de tuit parece acompañar mayoritariamente a cada nuevo invento, a cada nuevo avance producido en el seno de dicha revolución, es el de quienes se muestran más deslumbrados por la innovación en sí misma que por sus verdaderas aplicaciones humanas.

Esa concepción lúdica del progreso, aunque relativamente necesaria, suele obviar que fuera de nuestro hogar digital y de nuestra tecnificada oficina de Hong Kong o de Nueva York las transformaciones sociales no se miden, por el momento, en  número de blogs, dispositivos móviles o aplicaciones electrónicas disponibles.

Uno de los debates más intensos y, quizá, menos conocidos de cuantos se desarrollan actualmente en Internet es el que se refiere al desarrollo de nuevos modelos de Gobierno basados en el potencial de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC).

En esencia, la cuestión sobre la que deliberan miles de usuarios de todo el mundo es cómo hacer que, gracias a herramientas y fenómenos como las redes sociales, nuestras administraciones e instituciones sean cada vez más eficaces, más cercanas y más permeables a las inquietudes de los ciudadanos.

Uno de los lamentos más habituales de la Comunicación Pública es, con diferencia, la baja participación de los usuarios. Foros, blogs y encuestas languidecen en la web oficial mientras fuera, en el inmenso océano cibernético que se extiende más allá de la Administración, fluyen alegremente las recomendaciones, los comentarios y las opiniones.

En cierta forma, es difícil no asumir la responsabilidad del naufragio. Cuando políticos y gestores institucionales han decido confiar al fin en Internet, después de años de no pocos recelos, los ciudadanos han optado en el último momento por dejarnos a solas con nuestros indicadores, con todo el banquete ya pagado y con las caras aún estupefactas del Consejo de Dirección.

El anuncio del primer ministro David Cameron de suprimir el 75 por ciento de los portales públicos del Reino Unido ha abierto un nuevo frente de batalla en la Red. Para algunos, la medida forma parte de un proceso lógico destinado a racionalizar la presencia de las instituciones en la Web; otros, sin embargo, temen que con ella, y aprovechando la oleada de recortes en el viejo continente, comiencen a imponerse criterios exclusivamente economicistas y no sociales en el desarrollo del Gobierno y la Administración Electrónica.

Casualidad o no, este hecho coincide con la publicación en los últimos meses de distintos informes nacionales y europeos que muestran una curiosa paradoja: si bien crece espectacularmente el número de usuarios de Internet y, con él, la cantidad y calidad de los servicios públicos que las administraciones ofrecen online a sus ciudadanos, también aumenta progresivamente la desconfianza entre éstos y las primeras.

Una buena imagen no garantiza, por sí misma, el éxito de ningún proyecto. Pero no hay duda, al menos en Internet, de que un mal diseño o una estructura tediosa y aburrida será la vía más rápida para que nuestro sitio nunca triunfe, por muy notables que sean sus contenidos.

El incumplimiento de este principio, tan obvio como antiguo, es sin embargo el que lastra la proyección de miles de webs públicas de todo el mundo. Más aún: el dibujo lejano, poco sugerente y excesivamente institucionalizado que todavía hoy ofrecen muchos de estos portales constituye una de las principales causas de la desconfianza que separa a ciudadanos y administraciones.

Un ejemplo: hasta el 33 por ciento de los internautas de Estados Unidos prefiere informarse actualmente de lo que hacen sus agencias estatales a través de las redes sociales antes que por medio de los correspondientes sitios, según un reciente estudio del Centro Pew de Investigación.