Territorio creativo

La historia de Internet no sería la misma sin las movilizaciones que, de Ucrania a Irán, pasando por Libia y Túnez, han sacudido en estos últimos meses y años la conciencia de medio mundo gracias o con la ayuda decidida de las redes sociales. Es conocido el papel que ha jugado y sigue jugando la red de redes para la organización y difusión de las acciones de plataformas cívicas como el 15M u Occupy Wall Street.

Sin embargo, el precedente más destacado de todas ellas es, sin duda, el que hace ahora cuatro años y medio se gestó a partir de Facebook. Se trata del Movimiento del 6 de abril, uno de los pilares fundamentales de la revolución egipcia y de la llamada Primavera árabe.

Millones de datos públicos comienzan a emerger, casi por arte de magia, de nuestras ciudades… de dentro mismo de nuestros gobiernos y administraciones. Se trata de información útil en términos de transparencia. Pero también de un poderoso tesoro comercial. El nuevo “oro” llamado Open Data y Big Data empieza a despertar el interés de las grandes empresas… pero también las dudas sobre nuestra capacidad futura para gestionar y proteger tan preciado tesoro.

El Archivo General de Indias es una de esas grandes fuentes de información mundiales. Declarada por la Unesco Patrimonio de la Humanidad, la institución fundada por Carlos III alberga en sus 8 kilómetros lineales de estanterías cuatro centurias completas de la Historia de España y de América.

Entre sus paredes, físicas y virtuales, yacen 43.000 legajos que contienen, a su vez, más de 80 millones de páginas y 8.000 mapas y dibujos. Estos fondos conservan, por ejemplo, los detalles con la ubicación aproximada y el cargamento exacto de las naves españolas naufragadas en algún punto del océano en el transcurso de los siglos: especias, telas… y metales preciosos. Son informaciones accesibles a, prácticamente, cualquier persona del mundo. Y lo son además de forma permanente, gratuita y, en muchos casos, a través de medios electrónicos y en formato digital.

Internet y las redes sociales transforman día a día nuestro mundo: unas veces expandiéndolo y acelerándolo; otras, haciéndolo más cercano. En este sentido, hay una creencia generalizada de que las grandes revoluciones se gestan en plataformas como Twitter o Facebook. Pero, ¿somos los ciudadanos los verdaderos actores del proceso? ¿Habitamos la Web 2.0 o somos, simplemente, sus invitados? Probablemente sea en lugares como Lorea y N-1 donde se esté produciendo el cambio real.

En una metáfora botánica, “para que una planta crezca fuerte y frondosa es necesario esparcir sus semillas de forma uniforme por todo el terreno del que disponemos y regarlas de forma habitual”. Y ese es, precisamente, el concepto del que surge Lorea (flor en vasco), un vivero de comunidades digitales libre y gratuito nacido en España. Su semilla más prometedora, la red social N-1, cuenta ya con más de 37.000 habitantes. La terminología no es algo casual. Esta plataforma escogió precisamente “habitantes” por la connotación activa que la palabra lleva implícita y descartaron el uso de otros, como usuarios o miembros.

Hace 11 días hablamos en TcBlog de los retos de la administración pública y sus gestores, como el Open Government, y de cómo mejorar la escucha, la participación y la difusión. Hoy nos centraremos en los empleados públicos: identidad, relaciones y algunos ejemplos útiles.

La participación de los empleados públicos en las redes sociales es una cuestión hoy aparentemente indiscutible para el futuro de nuestras administraciones en términos tanto de motivación interna como de eficacia, eficiencia y calidad de la prestación del servicio a los ciudadanos.

No todas las organizaciones, sin embargo, saben de forma exacta cómo abordar dicha presencia. Incluso aquéllas que hace tiempo decidieron tener vida institucional clara en plataformas sociales y que, en teoría, han desarrollado una cultura corporativa 2.0, ven todavía hoy casi con terror el uso en la oficina de servicios como Twitter o Facebook. Otras, muchas, demasiadas… directamente lo restringen.

Fue Antonio Gramsci (1891-1937) el que a principios de los años 30 del pasado siglo declarara en sus estudios sobre la burocracia y sobre los bloques hegemónicos:

“Toda forma social y estatal nueva tiene la necesidad de un nuevo tipo de funcionario”.

Si atendemos a esta máxima y la liberamos de su enunciado más crítico, la pregunta es obvia: ¿qué tipo de gestor y de empleado público debe definir la Sociedad de la Información que ahora comenzamos a disfrutar?

No es seguro, de encontrarse en nuestra misma situación, lo que el genial pensador italiano habría contestado. Pero, probablemente, tendría mucho que ver con las habilidades, tareas y objetivos 2.0 que los servidores del Estado están llamados hoy a asumir en su relación con los ciudadanos.

Un político teme las críticas. Un gobierno, se esfuerza en acallarlas. Sólo la Administración se ha acostumbrado a vivir con ellas e, incluso, a ignorarlas. Como dijera de sí misma la actriz Mae West, “he perdido mi reputación, pero no la echo en falta”.

El servicio público se ha acomodado en su desprestigio llevado por una merma de la autoestima, la desconfianza en la organización e, incluso, la pérdida de fe de sus gestores y empleados en la sociedad para la que trabajan.

En ese contexto, y bajo la amenaza de recortes en el ámbito de las administraciones, ¿cómo reivindicar el buen funcionamiento y la buena imagen de ayuntamientos, comunidades autónomas y organismos estatales?

No hay que ser un sabio para entender de datos públicos. Y, sin embargo, ha tenido que ser el avezado propietario de una heladería de Estados Unidos el que hace ahora un año y medio explicara con su caso qué es exactamente y para qué sirve el Open Data.

Su comercio, situado junto a una concurrida estación de Boston, luce en su interior un sencillo panel que muestra en tiempo real las frecuencias de llegada y de salida de cada línea de autobús. Sus clientes entran allí todos los días con la tranquilidad de saber que no sólo tomarán sin problemas el transporte urbano sino que, además, lo harán con el apetito saciado.

Lo relevante de todo ello es que las informaciones que dan vida a esta historia son públicas, están siempre actualizadas, son gratuitas, fiables, muy sencillas de entender y están al alcance de cualquiera a través de Internet.

Quiso la indignación popular, exacerbada por ciertas carestías y prohibiciones varias (llevar capa y sombrero de ala ancha), que un mes de marzo de 1766 las calles de la capital de España se revolvieran al grito de “Viva el Rey, muera el mal Gobierno”.

Pretendían así los madrileños y algunos nobles descontentos renovar determinadas estructuras del Reino sin cuestionar con ello la legitimidad del monarca, Carlos III.

Con la debida distancia, y sin el tono y el fragor del momento, hay un  paralelismo entre aquella llamada a la “revolución sin revolución” y la exigencia de nuestros días de acometer una nueva modernización del Estado. Hoy, se demanda actualizar el funcionamiento de las administraciones sin cambiar sus prestaciones; se aspira a renovar sus estructuras sin limitar los beneficios sociales que éstas ofrecen.